Primera sentencia del Superior contra el catastrazo de Salceda que afectó a 5.000 fincas rurales
VIGO
El Concello incrementó la recaudación 800.000 euros anuales por la subida en 2021 y ahora le reclamarán 1,3 millones
27 ene 2024 . Actualizado a las 05:00 h.La Justicia ha emitido la primera sentencia que puede tumbar el catastrazo de Salceda. La sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado «por contrario a dereito» una reclamación por el catastrazo. Los bufetes BGI-Law y Calixto Escariz Abogados, que representan a las plataformas vecinales, explicaron que el Concello se podría ver obligado a devolver los 1,3 millones de euros que según ellos ha cobrado a más de 5.000 vecinos, de forma irregular por considerar urbanos unos terrenos que están calificados como rurales.
La anulación se produce como respuesta a uno de los vecinos afectados, incluido en la Plataforma Veciñal contra o Catastrazo, una agrupación de más de 120 vecinos que presentaron 600 reclamaciones contra la subida catastral y la consecuente subida del IBI girado por el Concello según informó el presidente de la plataforma de afectados, Salustiano Guerra que mostró su satisfacción por la sentencia. Con la subida catastral, el Concello empezó a recibir cada año 800.000 euros más de los vecinos titulares de las fincas.
La plataforma, defendida por los despachos BGI-Law y Calixto Escariz Abogados, presentó en el 2021 varias demandas pidiendo la anulación de los cambios por los que el Concello pasaba a considerar a efectos fiscales como urbanos diferentes núcleos rurales tradicionales. Esto suponía que pasaban a pagar como terrenos urbanos, pero sin tener las dotaciones propias de los espacios urbanizados. «Non temos alcantarillado nin traída da auga. A que hai fixeroná os veciños», dijo Salustiano Guerra, que espera que este año se vuelvan a cobrar los terrenos como rústicos.
El Tribunal Superior de Galicia dictó sentencia el 19 de octubre de 2023 (que ya es firme) y declara que los terrenos situados en núcleos rurales tradicionales, en entornos pendientes de urbanizar, que fueron computados como urbanos, a los efectos del IBI, deben seguir siendo considerados como rústicos (no urbanizables). Ello comporta, explica la plataforma, que a los titulares no se les puede exigir el pago del IBI como si se tratase de fincas urbanas. Y en relación con las liquidaciones ya practicadas, podría obligar al ORAL y al Concello de Salceda de Caselas a devolver las importantes subidas del IBI, ya cobradas en los últimos cuatro años.
Antonio Heredero, abogado de BGI Law, emplaza a los más de 5.000 afectados a unirse a la reclamación vecinal para conseguir la devolución del dinero cobrado de forma irregular. «Todos los vecinos afectados pueden recurrir porque tienen derecho a que se les devuelva todo el dinero que se le ha cobrado de más por pagar un IBI que no les correspondía», afirma Heredero. José María Mantilla, de Calixto Escariz Abogados, recuerda que, una vez ganada esta primera sentencia «el resto de los vecinos tienen el camino abierto y no tienen más que demandar para poder recuperar todo lo cobrado en estos cuatro años».
La sentencia recuerda que el 2 de febrero del año 2021 se inició el procedimiento administrativo y los nuevos valore catastrales fueron notificados a los propietarios en marzo de ese año .
Los terrenos afectados tienen naturaleza rústica como lo establecen las normas subsidiarias de Salceda del año 1997. Pero, según la sentencia, el Concello modificó la calificación «pasando os inmobles a ter carácter urbano».
El gobierno municipal de Salceda explica que, llegado el momento, si habrá que revisar finca por finca en todas las reclamaciones porque cada una tiene una situación particular. Según recuerda, la revisión catastral recoge las parcelas definidas como «no urbanizables de núcleo rural» en las normas subsidiarias de 1997, aprobadas en su momento por el PP, y Movemento Salceda «intentó solucionar este problema con la elaboración de un PXOM en el 2016», un nuevo plan que «fue tumbado por PP y PSOE» antes de su aprobación inicial. Advierte que las afirmaciones de la Plataforma Vecinal Contra o Catastrazo y sus letrados, animando a miles de vecinos a demandar la devolución del IBI, «podrían poner en riesgo las 115 licencias de obra concedidas desde la entrada en vigor de la Lei do Solo y las 44 pendientes de concesión». En este escenario, el gobierno local apela a la «prudencia» y a evitar «afirmaciones falsas» porque la sentencia del TSXG «afecta a un caso concreto» y «no anula la revisión catastral». «Cada parcela es diferente y no se puede afirmar que todas están afectadas»,