Los sospechosos que se hicieron en Pontevedra con un botín de 172.000 euros se sientan en el banquillo

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

GUARDIA CIVIL

Los seis acusados, que supuestamente integraban una banda itinerante de ladrones de Europa del Este, se exponen a cinco años de prisión y la expulsión del territorio nacional

23 ene 2024 . Actualizado a las 11:36 h.

Cinco años de prisión y la expulsión del territorio nacional una vez cumplan dos tercios de esta pena o accedan al tercer grado son las penas que solicitará el fiscal el próximo 26 de enero en el Juzgado de lo Penal número dos de Pontevedra a lo que la Guardia Civil definió en su día como un entramado «itinerante especializado en asaltar naves industriales». Si inicialmente fueron arrestadas seis personas y se consideraron esclarecidos más de una veintena de robos en varias provincias españolas, la mayor parte de ellos en la de Pontevedra, el ministerio público dirige su acusación sobre los sospechosos —un turco, cuatro serbios y un kosovar— en relación a nueve asaltos.

Las investigaciones policiales en el marco de la operación Sangal pusieron de manifiesto que los sospechosos no dudaban en recorrer cientos de kilómetros desde su base de operaciones en Madrid hasta los lugares donde, supuestamente, perpetraban sus robos por el procedimiento del butrón. De este modo, mientras unos se dedicaban a estudiar las medidas de seguridad para inutilizar los sistemas de alarma por la noche, otros permanecían en los vehículos vigilando el entorno para realizar los butrones con total impunidad.

Ya dentro de la nave, y siempre según la información aportada por la Guardia Civil, «procedían al forzamiento de las cajas fuertes utilizando mazas, hachas, patas de cabra, radiales, taladros picadores...». De este modo, «sustraían el dinero y demás efectos de valor y la misma noche regresaban a sus domicilios con el botín».

Las investigaciones comenzaron la Noche de Reyes del 2019. Pasada la media noche del 6 de enero se tuvo conocimiento del desvalijamiento de una empresa de colchones del polígono industrial de Cerdedo-Cotobade. Tras acceder por la fuerza al inmueble, los ladrones violentaron las cajas fuertes haciéndose con 172.553 euros en efectivo.

Menos de dos semanas más tarde se les volvió a observar en la comarca de Pontevedra, de tal modo que se les relaciona con un robo en la firma de pinturas Celso Míguez ubicada en Tenorio. Consiguieron robar 3.880 euros de la caja fuerte, así como cinco iPad y distintas herramientas.

GUARDIA CIVIL

La misma operativa llevaron a cabo el 9 de febrero en el polígono de Vincios, en Gondomar, si bien, en esta ocasión, robaron más de 6.600 euros y material de ferretería y menaje, mientras que el 17 de este mes se produjo el desvalijamiento de una nave industrial de Pazos de Borbén, que les reportó a los autores 8.500 dírham —unos ochocientos euros al cambio—, libras esterlinas, soles ecuatorianos y pesos colombianos.

Vilanova y Pazos de Borbén

La madrugada de ese mismo día también se desplazaron a una segunda firma de Pazos de Borbén, pero un mueble les imposibilitó el acceso a su interior y consumar el asalto.

Posteriormente, el 23 de febrero, supuestamente, consumaron el asalto a una nave industrial de Baión, en Vilanova de Arousa, mientras que ente el 6 y el 8 de marzo, el fiscal, en base a las investigaciones de la Guardia Civil, sitúa a los acusados en un robo ocurrido en Sariñena, Huesca. De igual modo, les imputa los que tuvieron lugar el 30 y 31 de marzo en sendas firmas leridanas.

La Guardia Civil, tras confirmar el arresto de los sospechosos, que «están situación irregular en España con orden de expulsión», según el fiscal, se incautó de «una importante cantidad de efectos procedentes de los robos, además de las herramientas que utilizaban para la comisión de los mismos». Entre estas últimas, se localizaron inhibidores de frecuencia para inutilizar las alarmas y walkie-talkies para comunicarse entre sí.

Igualmente, «se intervinieron los dos vehículos que estaban utilizando para los desplazamientos, así como documentación falsa a nombre de los detenidos».