Ya dejaron tres evangelistas dicho que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque en la mayoría silenciosa gallega llevamos un tiempo muy coléricos contra la justicia mal aplicada, pero ahora debemos aplaudir el rotundo rechazo del Tribunal Constitucional al recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno interpuso contra la Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia (lei do litoral). Recordándonos, de paso, en qué consiste la Justicia, con mayúscula.
Llevamos un tiempo viendo, ya sea en los obstáculos del TSXG a las renovables y al desarrollo industrial o en la reciente e incierta deriva que marca la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la hoy llamada «crisis climática», cómo ciertos tribunales aplican la ley en base a interpretaciones cargadas de ideología, en la creencia de que así perfeccionan las leyes y consiguen, a veces obviando su literalidad, los objetivos que según ellos la legislación debería alcanzar. Ahora, el Tribunal Constitucional ha puesto de relieve cómo la Justicia protege la seguridad jurídica, la igualdad de los individuos y el imperio de la Ley, también con mayúscula.
La seguridad jurídica, porque la rápida respuesta al recurso de inconstitucionalidad sin duda ayuda a la confianza de los ciudadanos en el sistema normativo, pudiendo así planificar nuestras conductas a largo plazo, sea en la vida privada o en los negocios. En menos de seis meses, el intérprete supremo de la Constitución ha avalado por unanimidad la Lei do Litoral, rechazando 70 de las 72 impugnaciones incluidas en el recurso de inconstitucionalidad (¡sobre 73 artículos que tiene la norma!)
La igualdad de los españoles, porque el mismo Gobierno de España que transfirió al País Vasco la gestión del litoral por un puñado de votos interpuso el recurso contra la Lei do Litoral, que desarrolla la competencia exclusiva sobre la ordenación del litoral que nos corresponde en virtud del Estatuto de autonomía vigente desde abril de 1981.
Y el imperio de la ley porque, a falta de conocer la sentencia íntegra, ya la nota de prensa oficial del Tribunal Constitucional deja claro que no caben los juegos políticos. La ley manda, como queda fuera de toda duda en la detallada justificación del Constitucional a su rechazo casi pleno a las impugnaciones hechas desde la Moncloa.
Es, en fin, un gran aviso a navegantes por parte del Constitucional: la legislación se somete a criterios jurídicos y no a la arbitrariedad política. Ahora toca recuperar este medio año perdido en tan innecesaria disputa poniendo en marcha los mecanismos de la Lei do Litoral, hecha en Galicia al amparo de nuestras competencias, para una ordenación que permita al litoral seguir siendo el motor económico y cultural de nuestro país. Sin limitarse a conservar su singular patrimonio y cadena mar-industria, sino pensando en nuevos desarrollos industriales y energéticos con las máximas garantías de sostenibilidad ambiental y social.