El anuncio de cierre de sus plantas, por la dificultad que supone afrontar el coste energético, es la constatación del fracaso de la política energética, cuyos efectos dañan las posibilidades de supervivencia económica de las familias, y agrava la incapacidad de nuestra economía, que se ve aquejada por la desindustrialización, valiendo como ejemplo Alcoa. Cuando adquirió Inespal al Estado ya alertó del hándicap de la evolución del precio de la energía y exigió garantías de un modelo energético competitivo, tal y como figura en el acuerdo de compra firmado por el ministro Piqué.
Desde aquel momento, la competitividad fue a peor, debido a múltiples factores, no solo al energético, puesto que en una injusta y desequilibrada batalla económica con otros polos industrializados del mundo -como China, donde las prestaciones sociales o las limitaciones medioambientales son inexistentes-, partimos con radical desventaja, pero si además lo que se nos ocurre para sobrevivir es competir bajando salarios, es un mal camino tanto para la Unión Europea como para incluso el propio modelo socioeconómico occidental.
La apuesta debería ser otra: hacernos eficientes, en todos los ámbitos, recurriendo de una vez al compromiso, a exigir que esto funcione, y ello renunciando a visiones cortoplacistas, a intereses particulares, asumiendo la responsabilidad de los análisis serios. En una Unión Europea donde desde su creación está armonizado normativamente todo el territorio comunitario en cuestiones a veces hasta baladíes, nos debilita el carecer de una política energética común, más allá de líneas estratégicas carentes de aplicación real, porque ello se traduce en que las principales economías europeas apuestan por la política energética más equilibrada en cuanto a eficiencia económica y sostenibilidad, mientras que en España apostamos desde hace años por lo políticamente cómodo, por la imagen más agradable de la energía, (incluso Podemos propone sin ruborizarse en su programa el cierre de las centrales de carbón y los ciclos combinados), sin importarnos las consecuencias, cierres de fábricas de gran tamaño por insostenibles costes energéticos, despidos, comercios que languidecen, reducción de salarios para compensar el aumento del coste de la energía, etcétera.
En materia de energía, se requiere un marco estable y económico que ofrecer a las inversiones, y a las familias, merecedoras de una solución global, seria y sostenible, y para ello, urge actuar con responsabilidad tanto en el ámbito europeo como en nuestro propio país, que exige un pacto por el modelo energético, al margen de siglas y de intereses, si es que lo que nos importa de verdad es el futuro de nuestro país y su gente, y no la tertulia del momento.
Valentín González Formoso es alcalde de As Pontes