La Guardia Civil denuncia a una mujer de Outeiro de Rei que levantó varios cobertizos en medio del monte
OUTEIRO DE REI
En la finca se hallaron varios cobertizos, una tienda de campaña, una furgoneta y muchos residuos
03 may 2024 . Actualizado a las 17:14 h.Un cobertizo sólido, una tienda de campaña, un remolque reconvertido a una especie de alpendre, una furgoneta Opel Combo, un pequeño tobogán para niños y diversos residuos plásticos. Este es el reguero de elementos que se encontró una patrulla de la Guardia Civil en una finca rústica en medio del monte en Outeiro de Rei.
La Benemérita imputó en calidad de investigada a una vecina de ese municipio, de 34 años de edad, por un supuesto delito contra la ordenación del territorio, al tener varias construcciones sin licencia en una parcela de su propiedad, ubicada en suelo rústico.
La investigación se inició se inició cuando agentes del Seprona tuvieron conocimiento de la existencia de varias construcciones, en una zona del municipio de Outeiro de Rei, donde también se acumulaban residuos urbanos, eléctricos, neumáticos y otros enseres.
Una finca repleta de construcciones y residuos
La Guardia Civil trató de localizar a la titular de la parcela pero, después de varias visitas a la zona, no logró contactar con la propietaria. Por ello, se realizaron gestiones con la administraciones correspondientes, y se pudo confirmar que la parcela está en suelo rústico y que las construcciones, sin licencia, no se pueden legalizar. Las actuaciones fueron remitidas al juzgado de guardia.
Lo cierto es que la parcela estaba repleta de elementos de todo tipo. No se sabe con exactitud para qué la utilizaba la denunciada, pero tenía todo lo necesario para almacenar y transportar residuos. El alpendre improvisado incluso tenía unos pequeños paneles solares que nutrían de energía eléctrica a la estructura.
La normativa explica que se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una edificación no autorizable en suelo no urbanizable.