Pilar Pérez: «Llevo cuatro años sin que mi inquilina pague el alquiler de mi piso de A Coruña, ¿quién me protege a mí?»

Caterina Devesa A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA CIUDAD

Pilar vive en Pontedeume y el de A Coruña es el único piso que tiene en propiedad, además de la vivienda en la que reside
Pilar vive en Pontedeume y el de A Coruña es el único piso que tiene en propiedad, además de la vivienda en la que reside

La mujer dejó de percibir la renta de 370 euros al mes en el 2020, además debe abonar las facturas del agua de la vivienda: «Si no, dicen que me embargarán la pensión»

16 mar 2024 . Actualizado a las 18:25 h.

Su calvario es doble, ya que poco después de perder a su marido Pilar Pérez Álvarez tuvo que emprender un proceso judicial para intentar echar a la inquilina del único piso que posee en A Coruña. «Mi pareja se lo alquiló a una mujer con su hija en el 2019 por 370 euros al mes, un precio bajo porque en ese momento le dio pena al verla sola con su niña. El piso, de tres habitaciones y 80 metros cuadrados lo reformó por completo mi marido y está cerca del centro», explica Pilar, vecina de Pontedeume.

Un año después de rentar la propiedad, Pilar dejó de recibir el ingreso mensual. «Al morir mi marido, dejó de pagar. Compramos el piso como inversión en A Coruña, nunca me imaginé esto. Lo estábamos pagando y teníamos hipoteca, pero al fallecer mi pareja, por su seguro de vida, quedó liquidado. Preferiría tenerlo a él y pagar ese gasto, pero la vida es así», lamenta Pilar.

Ante el impago «y la falta de voluntad de ella», Pilar, que vive sola con su perro y tiene dos hijos, optó por acudir a la Justicia, que en un inicio le dio la razón y puso fecha al desahucio. «Se fue posponiendo porque coincidió con la pandemia, pero ella solicitó un informe de persona vulnerable y finalmente se paralizó por esa condición», dice la propietaria, que posteriormente solicitó una revisión del caso. «Mi inquiokupa rechazó la ayuda de Servicios Sociales. La intentaron ayudar, le buscaron un piso social, pero dijo que no porque su hija quiere vivir en la zona en la que está ahora», apunta Pilar, que sostiene que tampoco aceptó un bono social.

Además de al departamento de ayuda social del Ayuntamiento de A Coruña, la mujer que vive en la casa de Pilar también recurrió a otras entidades sociales como Padre Rubinos. «Le dieron mil euros para abonar parte de la renta, pero yo no percibí nada. Después de pararse la orden de desahucio encontró trabajo de cocinera, pero a mí nunca me pagó. Ni siquiera intentó solventar parte de la deuda que acumula. Podía decirme :“Ahora que tengo empleo empiezo a pagarte”», dice Pilar, que añade: «Incluso yo tengo que pagar sus facturas del agua, ya que están a mi nombre. Devuelvo los recibos, pero Emalcsa me envió una carta certificada diciendo que si no pago me embargan mi pensión, por lo que tengo que abonar el dinero y son facturas de unos 80 euros cada dos meses».

A mayores de esos gastos, Pilar tiene que pagar la comunidad del edificio, 35 euros al mes, el seguro del hogar, cerca de 200 al año, además del correspondiente porcentaje del IBI. «Son más de 400 euros al año, además de lo que dejo de percibir por la renta de una propiedad que es mía», lamenta la mujer, que no entiende que la Justicia no la proteja. «Yo no niego que ella pueda ser vulnerable, pero si trabaja puede ir al menos pagando parte de lo que debe y ni siquiera tiene la intención. ¿A mí quién me protege? Soy viuda, vivo de mi pensión y solo tengo la casa en la que vivo en Pontedeume y ese piso», expone.

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De hecho, los dos hijos de la mujer viven en A Coruña. «Yo tengo 61 años y estoy enferma, si quiero ir a vivir a la ciudad para estar cerca de ellos no puedo disponer de mi piso. Mis hijos han tenido que buscar vivienda en la urbe teniendo una su madre en propiedad. No es justo», comenta Pilar, que desesperada ha optado por contar su historia en redes con el objetivo de conseguir apoyos. «Mi abogado ha vuelto a solicitar una revisión de la situación de la inquilina, ya que su situación no es la misma que cuando pararon el desahucio por ser vulnerable, pero han rechazado la petición sin ver ni siquiera los informes. Tenemos unos de Servicios Sociales en el que indican que las cosas han cambiado», comenta la mujer. «Esto afecta a mi salud, me siento muy impotente y ya han pasado cuatro años. Yo no puedo ser el escudo social de nadie», zanja