El jurado popular declara «no culpable» a la mujer y avala la tesis del suicidio conjunto y consciente de ambos, que en su caso no se materializó por la atención médica recibida a tiempo: «Lleva sufrido mucho en los últimos años»
24 abr 2024 . Actualizado a las 22:44 h.Se enfrentaba a una pena de 26 años de prisión, pero el jurado popular concluyó en la mayoría de los 14 hechos que se evaluaban que Josefa es «no culpable» ni del delito de asesinato ni del de cooperación necesaria y voluntaria al suicidio de su marido en julio del 2021 en Monfero. Esta mañana se ha conocido el veredicto en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. Una lectura ante la que la acusada, arropada por familiares en la sala, no pudo evitar las lágrimas.
Los hechos que se juzgaban se produjeron hace casi tres años. La ingesta de una dosis elevada de medicamentos provocó la muerte de su marido, que contaba con 75 años. Josefa, entonces de 68, también tomó el preparado, pero no falleció, destacó el portavoz del jurado, por la intervención a tiempo de los servicios médicos.
De fondo, subyacía la demencia tipo alzhéimer que su marido padecía al menos desde el 2018 según el Ministerio Fiscal, y que le había provocado deterioro cognitivo en funciones como el habla. En cuestión estaba hasta qué punto el fallecido era consciente de lo que sucedía cuando tomó los medicamentos que acabaron con su vida.
El jurado popular ha declarado no culpable a Josefa, avalando así la tesis del suicidio conjunto y consciente de ambos. La mujer, «que sufre síndrome depresivo al menos desde octubre del 2020», fue declarada no culpable en la mayoría de los 14 hechos contemplados.
«No está probado que él no fuese consciente de la situación según los informes neurológicos», leyó el portavoz del jurado que, sin embargo, sí consideró probado su «incipiente deterioro cognitivo» según estos mismos informes. Los miembros del jurado consideran no ha quedado probado tampoco que el hombre fuese ajeno a la medicación que ingirió antes de su muerte. Entienden que la voluntad de ambos cónyuges era suicidarse de manera conjunta y, de hecho, inciden en que ella tomó la misma medicación. «Al tratarse de un número tan alto, él sabía que era una dosis fuera de lo normal», indicaron, y también subrayaron que las pastillas no fueron «ingeridas a la fuerza» según el informe forense.
La tesis de la Fiscalía era que Josefa le dio pastillas a su marido para asesinarlo cuando él tenía alzhéimer, por lo que pedía 26 años de cárcel. Consideraba que la demencia estaba probada, como así lo relató la forense encargada de realizar la autopsia y los médicos que atendieron a la familia en su momento, por lo que defendió que se produjo un asesinato y que fue la mujer quien le dio la medicación en una decisión no planificada. La defensa sostuvo que lo ocurrido fue un suicidio consciente y pactado que, en el caso de ella no se materializó.
El abogado de Josefa manifestó a la salida de la audiencia su «satisfacción por el resultado. Se ajusta a lo que ocurrió, hace justicia. El veredicto está exquisitamente motivado, no se trata de una decisión voluntarista en la que se dejasen llevar por cuestiones emocionales, sino que razonaron en base a las pruebas aplicadas el sentido de su decisión», declaró José Manuel Campo Moscoso.
«Consideraron probado que ambos habían tomado voluntariamente la decisión de suicidarse», añadió el abogado, «excluyen tanto el posible asesinato como la cooperación voluntaria al suicidio. Josefa lleva sufrido mucho en los últimos años», dijo Campo.
La defensa recalcó durante el juicio que el hombre fallecido hacía vida normal, como así declararon los hijos de la pareja y algunos vecinos, que lo vieron incluso días antes de morir «jugando a las cartas», recordó el jurado popular. «El fallecido había manifestado en múltiples ocasiones su intención de no seguir viviendo en caso de deteriorarse su situación», se leyó en el veredicto, donde incluyeron citas del fallecido trasladas por familiares y allegados: «Cando vexa que perda forzas, eu voume».
Las pruebas médicas, forenses y las declaraciones de los testigos fueron los argumentos esgrimidos por los miembros del jurado popular, que han pedido cambiar la palabra de «víctima» por la de «fallecido», ya que la primera implicaría la participación de terceros.